CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA SOLEDAD NO DESEADA (II)

Una persona mayor pierde una ayuda pública porque no sabe cómo solicitarla.

Otra deja pasar un plazo para reclamar una prestación a la que tenía derecho.

Otra firma un producto financiero que no comprende.

Otra es víctima de una estafa que podría haberse evitado con una simple conversación.

Ninguna de ellas ha sido incapacitada.

Ninguna ha perdido formalmente su capacidad de decisión.

Ninguna carece de derechos.

Y, sin embargo, todas tienen algo en común.

Están solas.

Y quizá ha llegado el momento de preguntarnos si la soledad no deseada también tiene consecuencias jurídicas.

Cuando hablamos de soledad no deseada solemos centrarnos en su impacto emocional.

Hablamos de tristeza.

De aislamiento.

De salud mental.

De calidad de vida.

Y todo ello es importante.

Pero en mi trabajo observo una realidad que apenas aparece en los estudios y de la que rara vez hablamos desde el ámbito jurídico.

Muchas personas no pierden derechos porque la ley no las proteja.

Los pierden porque no tienen a nadie que les ayude a ejercerlos.

Y esa diferencia es enorme.

Porque un derecho que no puede ejercerse acaba convirtiéndose en un derecho vacío.

El problema no siempre es la falta de derechos

A menudo pensamos que la vulnerabilidad aparece cuando una persona carece de recursos económicos.

O cuando existe una discapacidad.

O una situación de dependencia.

Pero existe otra realidad mucho más silenciosa.

Hay personas que tienen una pensión.

Tienen vivienda.

Tienen patrimonio.

Tienen capacidad jurídica.

Y aun así se encuentran en una situación de enorme fragilidad.

¿Por qué?

Porque carecen de una red mínima de apoyo.

No tienen quien les explique una carta administrativa.

No tienen quien les ayude a entender una notificación.

No tienen quien les acompañe en un trámite complejo.

No tienen quien les advierta de un riesgo.

Y cuando desaparecen esos apoyos, los derechos empiezan a ser mucho más difíciles de ejercer.

La brecha digital también es una cuestión jurídica

Cada vez más derechos dependen de procedimientos digitales.

Solicitudes.

Prestaciones.

Reclamaciones.

Citas médicas.

Gestiones bancarias.

Comunicaciones administrativas.

La digitalización ha simplificado muchos procesos.

Pero también ha creado nuevas barreras.

Y cuando una persona vive sola, esas barreras se multiplican.

Porque no siempre existe alguien cercano que pueda ayudarla a presentar una solicitud, descargar un certificado o entender un procedimiento.

La consecuencia no es únicamente tecnológica.

La consecuencia puede ser jurídica.

Porque detrás de cada trámite no realizado puede existir un derecho que nunca llega a ejercerse.

Cuando reclamar deja de ser posible

Existe una idea que deberíamos recordar con más frecuencia.

Los derechos no se ejercen solos.

Necesitan información.

Comprensión.

Capacidad de gestión.

Acompañamiento.

Muchas personas mayores tienen derecho a prestaciones, ayudas o recursos que jamás llegan a solicitar.

No porque no existan.

Sino porque nadie les ayuda a acceder a ellos.

Formalmente son titulares de esos derechos.

En la práctica quedan excluidas de ellos.

Y eso debería preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa actualmente.

Más vulnerables frente a abusos y estafas

La soledad también aumenta los riesgos de abuso económico.

No porque las personas mayores sean ingenuas.

Ni porque sean incapaces.

Sino porque las redes sociales y familiares actúan muchas veces como mecanismos informales de protección.

Nos ayudan a contrastar información.

A detectar errores.

A pedir una segunda opinión.

A identificar señales de alarma.

Cuando esa red desaparece, aumentan las posibilidades de sufrir:

• estafas;

• engaños comerciales;

• manipulaciones;

• presiones indebidas;

• abusos económicos;

• contrataciones no comprendidas.

Y muchas veces estos hechos permanecen invisibles precisamente porque no existe nadie que pueda detectarlos.

La invisibilidad también genera vulnerabilidad

Hay una realidad especialmente preocupante.

Las personas que viven situaciones prolongadas de aislamiento suelen ser menos visibles.

Y aquello que no se ve resulta mucho más difícil de proteger.

La soledad puede retrasar la detección de:

• deterioro cognitivo;

• necesidades de apoyo;

• situaciones de abuso;

• negligencias;

• problemas de salud;

• situaciones de riesgo social.

En muchos casos son familiares, vecinos o profesionales quienes activan los mecanismos de protección.

Cuando esa red desaparece, el riesgo aumenta.

La vulnerabilidad relacional: una idea sobre la que deberíamos empezar a reflexionar

Durante años hemos hablado de vulnerabilidad económica.

De vulnerabilidad social.

De vulnerabilidad residencial.

Pero apenas hemos prestado atención a otra forma de vulnerabilidad que considero especialmente relevante.

La vulnerabilidad relacional.

Entendida como la situación en la que una persona carece de vínculos suficientes para acceder a apoyos, información, protección y participación comunitaria.

Y quizá aquí se encuentre una de las grandes cuestiones jurídicas de los próximos años.

Porque una persona puede tener recursos.

Puede tener patrimonio.

Puede tener derechos reconocidos.

Y aun así encontrarse en una situación de extrema fragilidad.

No porque carezca de medios.

Sino porque carece de vínculos.

Una pregunta que no deberíamos ignorar

Durante décadas hemos construido sistemas destinados a proteger la salud, la autonomía y la seguridad económica.

Y eso ha sido un enorme avance.

Pero quizá ha llegado el momento de plantearnos una nueva pregunta.

¿Puede una sociedad garantizar realmente los derechos de una persona cuando esa persona carece de los apoyos relacionales mínimos necesarios para ejercerlos?

Creo que esta será una de las grandes cuestiones jurídicas del envejecimiento en las próximas décadas.

Porque la soledad no deseada no solo afecta a cómo vivimos.

También afecta a nuestra capacidad real para acceder a recursos, proteger nuestro patrimonio, reclamar nuestros derechos y participar plenamente en la sociedad.

Y cuando eso ocurre, la soledad deja de ser únicamente una experiencia personal.

Se convierte en una cuestión jurídica que merece toda nuestra atención.

Mi reflexión

Cada vez estoy más convencida de que una parte importante de la vulnerabilidad de muchas personas mayores no se encuentra en su situación económica ni en su estado de salud.

Se encuentra en la ausencia de vínculos.

Y quizá haya llegado el momento de reconocer que la conexión social no es únicamente una cuestión de bienestar, también es una cuestión de derechos.